Municipios de la Provincia de Buenos Aires.

DR. ARIEL LARROUDE

En los últimos años, la Política Criminal, en tanto disciplina encargada de organizar y dirigir los medios represivos del Estado, se ha convertido en una de las políticas públicas más importantes por cuanto tiene la obligación de administrar el poder punitivo de las agencias estatales.

Para cumplir con dicha administración es trascendental que los y las responsables de las políticas públicas emparentadas con la cuestión político-criminal de los municipios de la Provincia de Buenos Aires estén informados, en primer lugar, del verdadero estado de situación de sus jurisdicciones en lo que respecta a los indicadores delictivos, la cantidad real de efectivos policiales activos en territorio y la articulación del trabajo de la agencia policial con el poder judicial y ministerios públicos; mientras que, en segundo término, sea la información recolectada la que se convierta en el material que talle las políticas criminales más adecuadas para cada jurisdicción.

Asimismo, los operadores del sistema penal local deben comprender que, si bien hasta el momento el enclave delictivo argentino, la matriz delincuencial nacional, todavía está fuertemente ligada al delito ordinario y no a la criminalidad organizada, esta composición delictiva puede variar más temprano que tarde debido a la situación de pobreza y marginalidad extrema que afecta al país y, en especial, a los municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Por ello, deben ser los funcionarios públicos los encargados de desarrollar políticas públicas inteligentes que anticipen los movimientos delictivos para evitar que estos escalen en su composición (cantidad de infractores y delitos), violencia y complejidad.

A partir de ello, se ofrece una serie de pautas e indicaciones a desarrollar por los agentes del Estado a fines de morigerar y controlar las dinámicas delictivas locales, evitando la mutación del delito ordinario al delito organizado, para luego avanzar en la reducción del delito y la violencia en términos generales.

A los fines de establecer una pauta clara para la formación político-criminal estratégica, tanto a nivel nacional como provincial o municipal, debemos partir de la premisa que asegura que, desde la recuperación del sistema democrático de gobierno, las fuerzas de seguridad han sido sobreutilizadas por los poderes políticos de turno para contener los efectos segregadores de la pobreza y la exclusión social, lo que deterioró cabalmente su capacidad para responder preventivamente frente a las nuevas modalidades del delictivas. Esto se debió a que las policías fueron las únicas agencias estatales que no retrajeron su poder territorial luego de la dictadura, lo que les otorgó un poder de control y de regulación sobre el espacio público exorbitante, no solo para hacerle frente a la criminalidad, sino a toda problemática social expresada en el territorio, pese a no ser competencia original de las fuerzas de seguridad. La sobreutilización referida le provocó a la policía una simultaneidad de obligaciones en perjuicio de sus deberes primigenios y de su capacidad de incidencia en los fenómenos delictivos. Así fue como en los últimos veinte años, para responder a esta sobreutilización, se incorporaron a la policía una gran cantidad de agentes con muy bajos salarios, con poco entrenamiento y sin visión estratégica para intervenir en el delito ordinario, dedicados no solo al monitoreo de la delincuencia sino de todo lo que sucedía en el espacio público. Esto derivó, no solo en una política criminal reactiva, no preventiva, que se manifestó tardíamente frente a una delincuencia que día a día comenzó a complejizarse más, sino en una relación problemática con una sociedad que necesitaba más que su control, una respuesta concreta al delito y la violencia.

Así las cosas, con el paso del tiempo, se han desarrollado en perjuicio de las fuerzas de seguridad ciertos vicios doctrinarios y operativos:

• Vicio de Eficacia Punitiva: Para que una intervención sea eficaz, las Fuerzas de seguridad deben generar más violencia que aquella que intentan prevenir. Para esta concepción, la seguridad ciudadana se mide por la virulencia de los medios represivos estatales y no por su capacidad de prevenir situaciones conflictivas. En ese sentido, el objetivo de la intervención de las FFSS es poner en “orden” toda situación que se autoperciba como fuera de control, prescindiendo de cualquier otro tipo de análisis o herramienta que evite su intromisión violenta. Este vicio ha sido característico de las gestiones que en materia de seguridad buscaron dar una imagen mediática “fuerte”, cuyo objetivo fue transmitir una impronta robusta de la fuerza policial desde una visión belicista aunque carente de eficacia en términos de impacto sobre la criminalidad.

• Vicio de Legitimación Represiva: Todo conflicto motiva una intervención violenta del Estado. Para este vicio, cualquier conflicto social habilita la intromisión violenta de las Fuerzas de Seguridad pese a que, en determinadas ocasiones, dicha intervención resulta contraria a los fines que legitimarían su accionar. Este vicio es natural de aquellos gobiernos que hacen uso de todo el aparato represivo del Estado, en tanto consideran que el uso legítimo de la fuerza debe ser un concepto amplio, habilitante del poder de policía, y no restringido para ciertos conflictos que, por sus características y desarrollo, requieren naturalmente de una intervención represiva de las agencias de seguridad.

• Vicio de Generalidad Operativa: Las Fuerzas de Seguridad tienen competencia en toda jurisdicción donde tengan desplegados sus efectivos y poseen competencia en todos los delitos sin distinción alguna entre ordinarios o federales, o, comunes o complejos. Esto obviamente ha resultado un condicionamiento superlativo a la labor excepcional de las Fuerzas Federales ya que orgánicamente sus funciones están delimitadas a tareas complejas como el resguardo de las fronteras, los aeropuertos, la seguridad de ríos, el mar, etcétera. No obstante, lo cierto es que en los últimos años estas han avanzado sobre conflictividades propias de las fuerzas policiales locales, cuestión que ha traído una superposición de recursos y tareas que atentó contra la incidencia efectiva del trabajo federal en territorio

• Vicio de Utilización Política: Las Fuerzas de Seguridad actúan donde convenga políticamente y no donde la regularidad delictiva compleja así lo amerite. Así, por ejemplo, las Fuerzas Federales de seguridad, en los últimos años, se han convertido en brazos ejecutores de decisiones políticas sin inferir de manera decisiva en la criminalidad de los actos que obligarían su accionar. De este vicio surge la consecuente persecución selectiva de conflictos y de personas, en tanto las Fuerzas de Seguridad no persiguen ni controlan hechos criminales según las tasas delictivas o planes de seg

• Brindar herramientas que ayuden a comprender el significado y función de la Política Criminal como política pública de gobierno.

• Sistematizar propuestas político-criminales para prevenir el delito y la violencia.

• Incrementar las capacidades de los y las funcionarios/as públicos/as para comprender, intervenir y/o participar en el análisis, conocimiento, preparación de planes de seguridad sustentables.

• Promover el diseño, formulación, planificación, y aplicación de políticas criminales en articulación con el Poder Judicial y Ministerios Públicos Fiscales, tanto federales como ordinarios.

• Personal jerárquico de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires,

• Personal Jerárquico del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

• Oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

• asesores del Poder Legislativo provincial.

• personal del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Los siguientes ítems resultan ser piedras fundamentales para el desarrollo óptimo de la Política Criminal desde una dimensión estratégica y operativa. Para un mejor entendimiento dividimos las prioridades en “Corto, Mediano y Largo plazo”.

a) Prioridades a Corto Plazo: Elementos cuantitativos y cualitativos que el Municipio debe tomar conocimiento a los fines de definir el punto de partida en el cual proyectará su política criminal (90 días).

• Cantidad de numerarios policiales (objetivo urgente): El primer paso para una capacitación estratégica en Política Criminal es determinar cuántos numerarios componen las fuerzas de seguridad encomendadas al municipio, tanto federales como provinciales, cuántos de ellos se encuentran desplegados en territorio como, también, poder determinar su capacidad técnica y logística.

• Mapa de delitos registrados (objetivo urgente): La capacitación estratégica de la Política Criminal sirve para entender en el análisis de la cantidad de delitos registrados por denuncia (policial o judicial), por prevención, por flagrancia y por cualquier otro canal que otorgue información fehaciente sobre la cantidad de hechos delictivos ocurridos en el municipio. Para ello, resulta indispensable coadyuvar a la producción, el acceso, el análisis y los usos de datos de fuentes oficiales sobre el delito, las violencias y el sistema penal para el desarrollo de políticas criminales basadas en diagnósticos certeros que puedan ser monitoreadas en su implementación y evaluadas en sus efectos. Además, esta capacitación se ofrece para el análisis de los datos recolectados no solo por zonas de conflicto, estableciendo patrones que identifiquen la distribución territorial de las violencias, como también diferenciar los hechos de manera mucho más detallada (Ej. Cantidad de hechos, medios empleados, género de víctima y victimario, distribución por grupo etario, según día de la semana, según horario, con planificación previa o no, geolocalización según domicilio de la víctima y domicilio de victimario, diferenciar delitos -ej. Homicidios dolosos- de los ocurridos en ocasión de otro delito).

• Mapa Judicial (objetivo urgente): A los fines de establecer una correcta política criminal, el Municipio debe saber quiénes componen el poder judicial de su distrito. Es decir: quiénes son los magistrados, los fiscales y los defensores oficiales. Ello, a los fines de establecer políticas de articulación entre el Municipio y la jurisdicción, lo que repercutirá en los esfuerzos que lleven adelante las agencias policiales en territorio en mancomunión con lo que se decida finalmente en los estrados judiciales.

b) Prioridades a Mediano Plazo: Elementos cuantitativos y cualitativos que el Municipio debe tener en cuenta a los fines de conocer el estado de situación real en el cual puede proyectar su política criminal (120 días):

• Determinación de Regularidades Delictivas (objetivo mediano plazo): La capacitación estratégica en Política Criminal sirve para coadyuvar en el conocimiento de las cifras delictivas que determinan qué delitos se persiguen con mayor frecuencia, cuáles no, por qué se produce dicha persecución y qué sujetos resultan vulnerables al delito en sus dos segmentos (como víctimas y victimarios) estableciendo las franjas etarias más afectadas por la criminalidad y la violencia.

• Identificación de las Zonas de Conflicto (objetivo mediano plazo): La capacitación estratégica de la Política Criminal sirve para coadyuvar a identificar las zonas del municipio con mayor vulnerabilidad delictiva, diferenciadas por delitos y nivel de desarrollo, para la selección de la faz en el que se desea intervenir (preventiva, reactiva y punitiva).

• Identificación de Vulnerabilidad Criminal (objetivo mediano plazo): La capacitación estratégica en Política Criminal sirve para determinar qué sujetos resultan vulnerables al delito en sus dos segmentos (como víctimas y victimarios) estableciendo las franjas etarias más afectadas por la criminalidad y la violencia como también definir nivel de escolarización, estado laboral y de habitad.

c) Prioridades a Largo Plazo: Elementos cuantitativos y cualitativos que el Municipio debe tener en consideración a los fines de proyectar su política criminal a largo plazo (180 días):

• Impacto sobre la reducción del delito y la violencia (objetivo a largo plazo: 180 días): La capacitación estratégica de la Política Criminal sirve para realizar un diagnóstico integral sobre la evolución de los índices delictivos de todo en todo el municipio, sean delitos de competencia federal, ordinaria y urbana.

• Impacto de la intervención de fuerza policial (objetivo mediano plazo): La capacitación estratégica de la Política Criminal sirve para coadyuvar con la evaluación del accionar de la fuerza policial de la manera en que cada una de estas ha resuelto los conflictos que se les han presentado. En este sentido, se debe evaluar la relación existente entre los resultados requeridos por la autoridad política y lo efectivamente realizado por las fuerzas de seguridad. Todo ello, en el marco del plan de política criminal desarrollada por el municipio y de una actuación policial proporcional, racional y bajo las reglas del estado de derecho.

• Evaluación y seguimiento del desempeño del Poder Judicial y Ministerios Públicos (objetivo mediano plazo: 180 días): La capacitación estratégica de la Política Criminal se ofrece como canal para llevar adelante una evaluación integral sobre la actuación de las Fiscalías y Juzgados, principalmente, respecto a los criterios de oportunidad para la elección de intereses persecutorios como, también, sobre los parámetros utilizados para la resolución de conflictos penales (archivos, solución alternativa, sobreseimiento, condenas y absoluciones). En este sentido, articular una relación seria con el MPF además de establecer posibles agendas en común también sirve para contrastar si la actividad llevada a cabo por las agencias policiales tiene finalmente correlato judicial, en el sentido de poder determinar si prosperan las detenciones, las investigaciones y demás actuaciones, o bien, si estas terminan archivándose. Por ello, es necesario diferenciar las tareas de prevención del delito de las tareas de investigación, principalmente, en el delito complejo, que deberían ser llevadas a cabo por la Policía Federal o bien de una Policía Judicial a cargo del MPF.

A partir de la información recolectada, el Municipio tendrá los elementos de calidad necesarios para definir sus políticas criminales a partir del ciclo de políticas públicas orientadas a la seguridad: recolección de información, definición del problema a intervenir, formulación del plan de acción, implementación y evaluación.
La idea de esta propuesta es poder intervenir en los fenómenos criminales y sus manifestaciones en particular de manera inteligente y con firmeza, racionalizando los recursos municipales sabiendo de su finitud y el estado de emergencia securitaria que vive la Provincia de Buenos Aires.